El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental y una de las condiciones básicas en una sociedad democrática. Todo ciudadano debe estar en condiciones de acceder a esta información directamente o a través de los medios de comunicación, y todos los organismos del Estado están obligados a proporcionarla. El respeto de este derecho es parte esencial de un buen gobierno, ya que los ciudadanos bien informados están en condiciones de fiscalizar las acciones de sus representantes y de participar adecuadamente en el debate público. Este derecho ha sido reconocido en la Constitución Política del Perú, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Bajo el principio de “máxima divulgación” cualquier restricción al acceso a la información debe estar fundamentada en excepciones taxativamente contempladas en la Ley y amparadas en razones como la seguridad nacional, la protección de la intimidad de las personas entre otros bienes jurídicos apreciables. Sin embargo, persiste en el sector público una “cultura del secreto” que impide que en la práctica los ciudadanos accedan a información de interés público.

Por ello, el Consejo de la Prensa Peruana ha promovido desde sus inicios el reconocimiento, la protección y el respeto al derecho a la información pública. En agosto del año 2000, el CPP promovió la suscripción de “Los Principios de Lima”, documento clave para la promoción del derecho a la información pública en América Latina y que sirvió de base para la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya promulgación en el año 2002 situó al país a la vanguardia en la materia a nivel internacional.