Hace poco más de un año el Poder Ejecutivo publicó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 2021 –una hoja de ruta con énfasis en la prevención y gestión de riesgos– que incorporó tareas específicas para instituciones clave en el Estado y un modelo de compliance aplicable a cualquier entidad del sector público.
El plan, elaborado a instancias de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), significó un avance estratégico importante, pues contó con el consenso de los sectores más representativos del país —incluyendo al Consejo de la Prensa Peruana como parte de la sociedad civil— sobre la necesidad de enfrentar la corrupción con un enfoque conceptual diferente.
Es indiscutible que los medios de comunicación constituyen una pieza clave para la consolidación de la integridad pública, al pertenecer a un sector representativo de la ciudadanía que ya en materia de lucha contra la corrupción contribuye notablemente, al incidir en la fiscalización, el control social y el seguimiento de políticas.
Pero frente a un fenómeno complejo y multidimensional como la corrupción, la experiencia nos había demostrado que el privilegio de la sanción frente a un acto corrupto no alcanzaba para restituir la afectación de un derecho o la pérdida de un valioso recurso, ni tampoco aseguraba una corrección sostenible. Por ello, la integridad, emergió con un enfoque distinto, con amplias posibilidades para anticiparnos a la corrupción incorporando nuevos y mejores estándares de actuación en la administración pública.
Días previos a la publicación del Plan Nacional, el Ejecutivo creó la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros, como un órgano encargado de ejercer técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como de desarrollar los mecanismos e instrumentos necesarios para el establecimiento de una cultura de integridad y el fortalecimiento de las capacidades de prevención y sanción del Estado frente a la corrupción.
Conflictos de interés
En ese marco, desde la Secretaría de Integridad Pública uno de los principales temas de trabajo ha estado centrado en el desarrollo de un marco normativo para la identificación y gestión de intereses en el sector público. En efecto, diversos casos de corrupción y prácticas cuestionables en nuestro país han estado vinculados a la interferencia de intereses propios o de terceros en el ejercicio del poder en el ámbito público.
Por ello, se creó la declaración jurada de intereses, una herramienta de prevención destinada a transparentar los vínculos familiares, profesionales, políticos, institucionales, comerciales o económicos con los que arriban al Estado los principales funcionarios públicos, para advertir posibles conflictos de interés con anticipación a la toma de una decisión o el uso de los bienes y recursos públicos.
Al cabo de un año, lo que empezó como una disposición al interior del Poder Ejecutivo y una buena práctica para algunos gobiernos regionales y locales, se extendió como una política de cumplimiento para todo el aparato público, mediante el Decreto Supremo 138-2019-PCM, medida que fue anunciada por el Presidente de la República el 28 de julio.
A la fecha, más de 16,000 declaraciones juradas de intereses están a disposición de la ciudadanía, a través de los portales de transparencia y el Portal Nacional de Datos Abiertos, lo que permitirá utilizar la información con fines de supervisión, investigación y análisis. Y con la ampliación de su alcance, el número de declaraciones aumentará sustancialmente. Por ello, aun cuando la veracidad de dichos documentos se sustenta en el principio jurídico de buena fe, contamos con la prensa y los medios especializados como actores clave de control social y fiscalización.
Gestión de intereses
En esa misma línea, en julio de este año se publicó el nuevo reglamento de la Ley N° 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública, para contribuir a que la relación entre los funcionarios con capacidad de decisión y los interesados en orientar en un sentido deseado la toma de una decisión pública se produzca de manera correcta, equitativa y transparente, a través de un sistema único de registro de visitas en línea.
La nueva regulación permitirá a quienes realicen un acto de gestión de intereses un acercamiento al Estado en igualdad de condiciones, lo que, al mismo tiempo, contribuirá a legitimar la toma de decisiones públicas al reducir el margen de cuestionamientos por falta de transparencia. De cara a los medios de comunicación y la ciudadanía, esta medida también permitirá contar con información abierta, interoperable y transparente.
Con la ampliación del alcance de la declaración jurada de intereses a todo el aparato público y la nueva reglamentación del lobby se han producido avances significativos. No sólo por el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción, sino porque por efecto de dicho cumplimiento se brinda sostenibilidad a un consenso establecido en aras de instalar una cultura de integridad en nuestro país con un enfoque esencialmente preventivo.
Medios de comunicación para un cambio cultural
Con el cambio de la estrategia nos situamos también frente al desafío de operar un cambio cultural dentro y fuera del sector público. Esta tarea necesita de altas cuotas de persuasión, dedicación y aliento, así como de la participación de la ciudadanía y el sector privado. Los medios de comunicación y la prensa son claves en esto.
La prensa ha cumplido (y cumple) un rol fundamental al reflejar las terribles consecuencias de la corrupción. El periodismo y diversos grupos de investigación han profundizado en su especialización y han alcanzado al país información de enorme valor. Lo hemos visto a través de las revelaciones efectuadas en el marco de sonados casos como Ecoteva, Petroaudios, Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto, pero también en la práctica cotidiana a nivel subnacional, gracias a lo cual hemos podido advertir inconductas y posibles delitos asociados a funcionarios públicos.
Sin embargo, queda un margen importante para profundizar en la atención de las causas que originan este grave problema. No olvidemos que la corrupción en su definición no sólo implica el mal uso del poder para la obtención de un beneficio indebido, sino la vulneración de normas de conducta, principios y deberes éticos.
Por ello, es necesario ir más allá de la cobertura del lado más visible de la corrupción (la punta del iceberg) e incorporar en el análisis periodístico los nuevos estándares de integridad que venimos impulsando para prevenir la corrupción. Esto para evitar los conflictos de intereses o gestionar el ejercicio del lobby, verificando su cumplimiento y contrastando su contenido con los hechos en el proceso informativo.
De otro lado, los medios de comunicación pueden contribuir en la tarea de acabar con algunas taras conocidas, como la que tiende a minimizar en nuestra sociedad la comisión de faltas éticas frente a la gravedad de los actos delictivos. Lamentablemente, no se comprende adecuadamente que en la base de cualquier delito de corrupción hay un grave quiebre de principios y deberes específicos que orientan el ejercicio ético de la función pública. Soslayar la importancia de las faltas éticas o las prácticas cuestionables que ocurren en el Estado sólo genera un caldo de cultivo para que dichas inconductas escalen más adelante en comportamientos delictivos. Los medios pueden contribuir a relevar este problema y conectar ambos aspectos en el tratamiento de las noticias.
En consecuencia, los medios podrían ser potentes habilitadores para la construcción de una nueva cultura de integridad dentro y fuera de la administración pública. Recordemos que es la interacción del sector público con el sector privado y la ciudadanía lo que determina un mayor o menor grado de desarrollo en materia de integridad pública. De cara a nuestro bicentenario es oportuno apostar por este esfuerzo, en el que contamos con la prensa y los medios de comunicación para ello.