Los diarios El Comercio y La República han vuelto a rechazar el hostigamiento del cual es víctima la periodista Paola Ugaz. Ugaz ha investigado presuntos abusos sexuales y psicológicos realizados por figuras del Sodalicio de Vida Cristiana, además de ciertos negocios relacionados con algunos de sus integrantes.
A la fecha Ugaz tiene cinco querellas por difamación pendientes, la mayoría de ellas provenientes de personas relacionadas al Sodalicio. Por este motivo el Consejo de la Prensa Peruana ha señalado que existe una sistematizada campaña de hostigamiento en contra de la periodista Ugaz y la Sociedad Interamericana de Prensa que existe un “acoso legal” en su contra. Algunas de las querellas incluso no tienen asidero.
Recientemente el diario La República publicó declaraciones de Carlos Rivera, abogado de Ugaz, en las que señalaba que lo que buscan miembros allegados al Sodalicio y otros más que la han querellado es evitar que culmine y publique la investigación periodística que viene realizando sobre los manejos económicos de esta organización religiosa.
En una editorial publicada el viernes 3 de enero, El Comercio señala que estas querellas tienen un “efecto perturbador […] en la disposición al trabajo de la periodista”. La propia Ugaz señaló previamente a El Comercio que ser constantemente demandada “realmente sí se vuelve una carga emocional, económica, y no solo para mí sino para mi familia y mi trabajo. No tengo la tranquilidad para centrarme en mis proyectos”.
Citaciones en el 2020
En diciembre Ugaz fue querellada dos veces más. Una por Carlos Alberto Gómez de la Torre y otra por Luciano Revoredo, ambas por difamación agravada.
Por ello, el 36° Juzgado Penal-Reos Libres ha citado a Paola Ugaz para el 17 de enero a una audiencia de presentación de cargos, en relación a la querella formulada por Gómez de la Torre. La periodista deberá asistir a otra audiencia el 22 de marzo, esta vez del 9° Juzgado Penal-Reos Libres por la demanda impuesta por Revoredo.
La difamación no merece cárcel
El Consejo de la Prensa Peruana se mantiene firme en su reclamo por despenalizar los delitos de difamación y contra el honor. Contrariamente a lo que se ha señalado, esta institución no busca abrir la cancha para que la difamación no sea castigada, sino que las consecuencias sean multas económicas en lugar de la cárcel. Un periodista no puede ejercer libremente su trabajo de informar a la ciudadanía si sobre su cabeza pende una espada de Damocles: la cárcel. “Si fuese una periodista joven definitivamente me asustaría y no investigaría más”, dijo recientemente Ugaz a El Comercio.
Por eso el Consejo de la Prensa Peruana continuará abogando por la despenalización de la difamación para que los periodistas puedan investigar las sombras sin que por ello puedan acabar tras las rejas.