La II conferencia anual de libertades informativas estuvo cargada de testimonios y frases fuertes. Organizado por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Universidad del Pacífico (UP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), este año el programa trató sobre el hostigamiento contra la prensa y la persecución penal.
Premier Vicente Zeballos: “Compromiso de defensa irrestricta [de la libertad de expresión]”
El primer ministro Vicente Zeballos inauguró la conferencia con un discurso sobre el rol del Estado para proteger la libertad de información y la libertad de prensa. El premier señaló que desde el gobierno “tenemos perfectamente definido el rol de la prensa” para mejorar las instituciones públicas, la transparencia de las autoridades y luchar contra la corrupción, y recordó los destapes realizados por el periodismo sobre los casos Rodolfo Orellana, Lava Jato y Sodalicio. Por ello se comprometió a la “defensa irrestricta” en términos de libertad de expresión para ciudadanos y medios de comunicación. En diversos momentos de su discurso el premier dijo que la prensa juega un “rol protagónico y decisorio” en la democracia. Concluyó que es necesario que el anteproyecto de ley que se presentó en la conferencia sea socializado y aprobado por el próximo Congreso, a elegirse el 26 de enero del 2020.
Gustavo Gorriti: de ataques digitales a movilizaciones
La discusión sobre hostigamiento contra la prensa la inauguró Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, uno de los portales digitales líderes en las investigaciones periodísticas sobre los casos Lava Jato y Lava Juez. Gorriti señaló que el periodismo de investigación vive actualmente uno de los momentos álgidos de su historia, y que los medios digitales son centrales para el alcance de las investigaciones.
Gorriti declaró, con voz enérgica, que el caso Lava Juez iba a ser “abortado” al llegar a las instancias judiciales correspondientes de no ser por la insistencia periodística, a pesar de que fiscales y diversas autoridades exigieron a IDL-Reporteros la entrega de evidencia, información y nombres de fuentes. “No les íbamos a dar nada”, dijo Gorriti.
El periodista se refirió también a ataques dirigidos y concentrados por trolls y bots, especialmente tras las investigaciones relacionadas al expresidente Alan García. Explicó también cómo se pasó de ataques digitales a hordas de personas organizadas por quienes tenían “mayor cuota de poder en el Perú”, en referencia a las manifestaciones del grupo autodenominado La Resistencia, que para Gorriti es un “grupo de lumpen”.
Gorriti dijo también que el periodismo en el Perú ha conseguido una campaña anticorrupción que no se ha logrado en ningún otro país de Latinoamérica salvo Brasil. “Defenderemos la libertad de expresión ardientemente”, concluyó.
Paola Ugaz: el amedrentamiento judicial
Paola Ugaz, quien investiga los casos de abusos del Sodalicio desde hace nueve años, combinó a esto el poder económico de la organización, del cual se valdría para ejercer presión en sus casos de querellas por difamación. Explicó que tiene cuatro demandas judiciales pendientes, incluyendo una que busca incluirla como parte de una organización criminal relacionada a la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.
Narró sus experiencias asistiendo a llamados judiciales relacionados al caso Sodalicio en Piura, a pesar de vivir en Lima. “Piura es territorio comanche”, dijo en referencia a la dificultad de obtener una justicia imparcial y cobertura de medios piuranos, que no trataron el caso a pesar de estar ubicado en su región. Contó los intentos de ‘hackeo’ a sus correos y cerró su participación con una preocupación: que periodistas jóvenes, con poca experiencia en investigación, se callen y autocensuren cuando los poderosos los amedrentan con demandas judiciales.
Juan José Garrido: lo absurdo de las demandas por difamación
El director periodístico de El Comercio, Juan José Garrido, señaló que existen tres grandes grupos de ataque a los periodistas y los medios de comunicación: el crimen organizado, el poder político y el poder económico. En cuanto al primero, se refirió a amenazas que le han llegado desde el Callao, la demanda que le interpuso Rodolfo Orellana por US$100 millones, el ‘sicariato’ mediático digital y cómo una vez una reportera de El Comercio, que investigaba la red de corrupción del exgobernador de Áncash, César Álvarez, tuvo que escaparse de esta región escondida en la maletera de un auto tras ser amenazada de muerte.
Garrido explicó casos absurdos de demandas que ha recibido, como querellas por difamación por información publicada en otro medio de comunicación del grupo al que pertenece El Comercio. “He recibido seis casos de difamación”, dijo el periodista. Se refirió a las cauciones. “Los altos montos [de las demandas] no buscan que pagues el monto [total], sino la caución”, añadió.
En cuanto al poder político, Garrido sostuvo que el modo de hostigamiento es a través de cartas notariales, ‘sicariato’ mediático en redes sociales, leyes como la de prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados y turbas frente al diario, “pero cerramos las puertas y seguimos trabajando”.
“También hay empresarios mercantilistas” que presionan a través de sus gremios, alertó, al señalar que hay empresarios que no entienden el rol de la prensa.
Gustavo Gorriti cerró la discusión señalando que también existe una “prensa lumpen” utilizada como un vehículo de desinformación y engaño que carga con conflictos de interés. “La libertad de expresión conlleva a ser responsable, pero debe tener los menores límites posibles”, señaló.
Anteproyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor
La Universidad del Pacífico y el Consejo de la Prensa Peruana han venido elaborando un anteproyecto de ley para despenalizar los delitos de difamación, establecer un proceso prejudicial de rectificación (para que se haga en el mismo espacio y dimensiones de la noticia o información original) y establecer límites a las multas económicas siempre dentro de un espectro de proporcionalidad.
No se busca eliminar la responsabilidad de la difamación, dijo Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, al presentar el proyecto, sino evitar que la pena sea la cárcel. Luego dio paso a un conversatorio entre Augusto Álvarez Rodrich, presidente de IPYS y columnista de La República; Gino Costa, excongresista de la Bancada Liberal que propuso un proyecto de ley para despenalizar la difamación sobre el que se basó el de la UP y el CPP presentado hoy; Fernando Castañeda, viceministro de Justicia; y Adriana León, periodista de IPYS.
Gino Costa insistió en que el anteproyecto de ley no propone que los atentados contra el honor queden sin pena, sino que no acaben en la cárcel, y recordó el uso de la querella por difamación utilizada por ‘Eteco’, el Sodalicio y la red de Orellana para frenar investigaciones en su contra. “No se busca desproteger el honor”, dijo.
Álvarez Rodrich señaló que “hay argumentos válidos para que haya sanción a los delitos de difamación», pero reconoció que hay poderosos que buscan atarantar a los periodistas con querellas. “Hay campañas de difamación articuladas”.
El periodista puso la cuota de humor al señalar que “cuando me atacan me siento contento porque significa que hago bien mi trabajo”, y que al viajar por el Perú “me reciben en aeropuertos con carteles, me dicen mermelero y me tiran monedas”. Concluyó señalando que “los periodistas no somos intocables” y que no deben atacar tan fácilmente.