El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) considera que el protocolo de seguridad para periodistas que promueve el Ministerio del Interior no garantiza la labor periodística ejercida durante protestas ciudadanas. Más bien, es una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión.
El proyecto no recoge las propuestas de la mayoría de organizaciones que participaron en las reuniones de consulta, incluyendo las del CPP. Por ese motivo, y por la falta de voluntad de incluir lineamientos técnicos de estándares internacionales –un objetivo de esta organización para el protocolo–, el CPP decidió retirarse del grupo de trabajo a inicios de febrero.
El Consejo de la Prensa Peruana pide el inmediato archivamiento del proyecto por los siguientes motivos:
- La Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior y otras instituciones públicas figuran como órganos rectores de periodistas en situaciones de protestas. El protocolo establece una relación de arriba hacia abajo entre el Estado y la prensa, lo que resulta inaceptable.
- No considera que algunos agentes de la PNP han sido agresores de periodistas, a pesar de que las estadísticas más recientes la señalan como principal agresor.
- No incluye un procedimiento público y transparente de investigación a policías responsables de agresión a periodistas.
- La PNP figura como creadora de parámetros y lineamientos durante las coberturas de protesta, cuando los periodistas deben tener absoluta libertad para reportear como consideren conveniente. Por ejemplo, sugiere ubicaciones “adecuadas”, lo que supone un direccionamiento de la cobertura.
- No se menciona la prohibición de confiscar, retener, destruir o alterar material periodístico, ni detener arbitrariamente a periodistas, por parte de las fuerzas del orden.
- Se refiere únicamente a periodistas colegiados como beneficiarios del protocolo, dejando de lado a cientos a nivel nacional.
- No incluye una definición de libertad de expresión ni libertad de prensa.
- No se menciona que el protocolo debe seguir estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
- No se mencionan necesarias investigaciones sobre hostigamiento y amenazas a periodistas a través de redes sociales.
- En la base legal no se incluyen planes de acción internacionales de Naciones Unidas sobre protección de periodistas y derechos humanos.
- No se establecen principios y deberes de las instituciones del Estado (principio de protesta, protección a periodistas, garantías a la libertad de expresión, derecho de la prensa a registrar operativos policiales, rendición de cuentas, identificación policial).