El diputado de Renovación Popular Aldo Antonio Bravo Quispe propuso iniciativas legislativas que pueden terminar restringiendo las libertades de expresión, de prensa y de información (PL 00043/2026-2031-CD). Se busca penalizar supuestamente la apología al delito durante períodos de crisis política y conflictos sociales.
Pero es precisamente durante una crisis o un conflicto social cuando el periodismo tiene la obligación de informar a la ciudadanía sobre protestas, enfrentamientos, alteraciones del orden público y eventuales delitos. Una norma formulada en términos tan amplios como los que propone Bravo podría llevar a que la difusión de información de interés público sea interpretada, indebidamente, como una forma de apología al delito. No hay legislación comparada en estados democráticos de la región que hayan planteado y aprobado normas en ese sentido.
El principal problema del proyecto es su ambigüedad. ¿Podría considerarse apología que un periodista informe sobre el lugar y la fecha de una protesta o explique las motivaciones de quienes la convocan? Igualmente problemática es la referencia a los períodos de “crisis política”. ¿Qué constituye exactamente una crisis política y quién determina cuándo comienza y cuándo termina? Cuando están en juego sanciones penales, estas indefiniciones no son asuntos menores.
El proyecto de ley de Aldo Bravo es un riesgo no solo para la prensa. Cualquier ciudadano que comparta información en sus redes sociales en estos contextos puede quedar expuesto a una interpretación expansiva de la norma.
El Congreso anterior y el gobierno de Dina Boluarte promovieron iniciativas que, invocando también razones de seguridad interna como el diputado Bravo, podían convertirse en potenciales mordazas a la prensa. Felizmente, en ningún caso las propuestas se convirtieron en ley.