El ‘reglaje’ que sigue el Estado peruano contra periodistas viene en aumento. Una fiscalía ordenó el seguimiento de los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, de La República y Sudaca, respectivamente. El espionaje –que incluyó videovigilancia a sus domicilios y seguimiento a sus desplazamientos– duró ocho meses.
Ambos periodistas y sus medios de comunicación investigaron el caso de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que incluía a fiscales y funcionarios del sistema de justicia. El modus operandi del Ministerio Público, durante la gestión de Patricia Benavides, suspendida de sus funciones de fiscal de la nación, fue incluir a los periodistas entre los sospechosos de una investigación en curso para dar legitimidad a sus acciones contra la prensa. De momento se desconoce si otros periodistas están involucrados en el ‘reglaje’.
El Consejo de la Prensa Peruana alerta que el Ministerio Público se está convirtiendo en uno de los principales frentes de agresión contra la prensa. Además de este reciente caso, son varios los periodistas que en los últimos meses han denunciado que la Fiscalía les exige revelar sus fuentes de información –o entregar la evidencia de sus publicaciones, incluso a pesar de no contar con documentos reglamentarios–, particularmente aquellos que investigan casos de corrupción.
En los últimos meses, otros periodistas han denunciado haber sido víctimas de seguimiento por el Ejército del Perú.
El Consejo de la Prensa Peruana recuerda a la ciudadanía que el espionaje a periodistas es una práctica común en regímenes autoritarios y dictaduras.