Las propuestas de la campaña para el próximo Congreso no se han detenido a discutir derechos fundamentales que acaso los peruanos tomamos por sentados. Por ejemplo, la libertad de expresión y de acceso a la información pública. Diversos proyectos de ley e iniciativas al respecto quedaron pendientes tras la disolución del Congreso el año pasado. Será responsabilidad del próximo Congreso ponerlas en la agenda del Pleno.
Aunque no suenen tan seductores como las promesas de campaña de eliminación de la inmunidad parlamentaria, estos derechos son claves para la vida democrática. Especialmente para la peruana, por sus instituciones tan débiles. Sin informar ni informarnos no podemos ser una sociedad libre que tome decisiones acertadas, que luche contra la corrupción y se enfrente al crimen organizado.
Son tres las iniciativas de la agenda por la libertad de expresión y acceso a la información pública que quedan pendientes de discusión en el Congreso: la ley de publicidad estatal, la despenalización de los delitos contra el honor y la formación de una entidad autónoma que se encargue de la transparencia de la información que está en manos del Estado.
Ley de publicidad estatal
En mayo del año pasado la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso disuelto aprobó por mayoría un dictamen para regular la publicidad estatal. Éste se dio luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la llamada ‘Ley Mulder’, que buscaba prohibir que las instituciones del Estado contrataran publicidad en medios privados, que el Consejo de la Prensa Peruana consideró un hostigamiento e intento de censura. Que el Estado pueda contratar publicidad en medios privados facilita que campañas sociales, como las de los ministerios de Salud y Educación, lleguen a la mayor cantidad de ciudadanos posible.
El principal acierto del dictamen es que garantiza el derecho del ciudadano a ser informado a través de la publicidad del Estado. Otro acierto es que la ley regula la publicidad estatal para que se canalice de manera más eficiente y transparente. El texto prioriza la contratación de publicidad estatal en medios privados, salvo en lugares donde éstos no tengan presencia, situación en la que se podrá recurrir a los medios del Estado. Entre otras disposiciones, el dictamen obliga al primer ministro a acudir anualmente a la Comisión de Presupuesto del Congreso para sustentar los gastos en publicidad estatal.
Este dictamen, que según el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Bernardo Roca-Rey, evitaría que la libertad de expresión sea mancillada, nunca llegó al Pleno y está todavía pendiente de votación.
Despenalización de la difamación
En mayo del 2019 la Bancada Liberal del Congreso disuelto presentó un proyecto de ley para despenalizar la difamación. Cinco meses después, el Consejo de la Prensa Peruana y la Universidad del Pacífico presentaron en un evento un anteproyecto de ley basado en el de la Bancada Liberal pero con mejoras añadidas. En sencillo, lo que se busca es que en caso un ciudadano difame a otro, el castigo no sea la cárcel sino una multa económica y que se establezca un mecanismo más rápido y ordenado de rectificación. Ahora, sin Congreso, es imposible que las propuestas presentadas sean aprobadas. Será responsabilidad del nuevo Congreso someterlas a debate.
La actual ley que penaliza la difamación es una herramienta para que poderosos y criminales hostiguen a los periodistas que los investigan. El caso emblemático es el de la periodista Paola Ugaz, que tiene en su contra cinco querellas por difamación por investigar presuntos abusos sexuales y psicológicos realizados por figuras del Sodalicio de Vida Cristiana, además de ciertos negocios relacionados con algunos de sus integrantes, entre otras acusaciones.
Contrario a lo que se cree, estos proyectos de ley no buscan favorecer a los periodistas para que publiquen lo que les da la gana. Su intención es fomentar que todos los ciudadanos puedan expresarse libremente al mismo tiempo que se protege el honor de todos. En caso de ser dañado, un juez podrá imponer multas económicas. Pero sí vale la pena recordar que el Perú figura en el puesto 88 en el ranking mundial de cumplimiento de estándares de prensa.
Transparencia y acceso a la información pública
Existe una iniciativa para crear una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información pública verdaderamente independiente. La actual, al depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un órgano del Poder Ejecutivo no es, pues, totalmente independiente. El próximo Congreso también tiene una responsabilidad en fomentar que esto se dé, pues es un derecho de los ciudadanos tener acceso a la información de su Estado.
Un reciente –e inexplicable– caso de falta de acceso a la información pública evita que la ciudadanía sepa quiénes están detrás de una solicitud de para interponer una acción de inconstitucionalidad contra nueve leyes y cuatro decretos supremos que sancionan el delito de terrorismo. El diario Perú21 pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esta información, pero fue negada. El abogado especialista en acceso a la información pública Andrés Calderón señaló a Perú21 a raíz de este caso que “el JNE ha tomado una actitud incomprensible al creer que algo tan elemental y tan propio del ejercicio público, como presentar unas firmas para apoyar una acción de inconstitucionalidad, pueda ser considerado como algo sujeto a algún tipo de secreto”. Este tipo de conductas evitan el escrutinio de la ciudadanía sobre las acciones de sus representantes y autoridades.
El año pasado, el Consejo de la Prensa Peruana señaló en su informe de libertad de expresión para la Sociedad Interamericana de Prensa que los ataques legislativos fueron uno de los principales frentes de ataque a este derecho. Aunque el tema no ha formado parte del debate de la campaña, es por el bien de la libertad de los peruanos que estas tres iniciativas lleguen al Pleno del Congreso y que éste, esta vez, no persiga nuestro derecho de expresarnos e informarnos.