Los ataques contra los periodistas en el Perú no son casos que se distinguen del tropel de noticias desde que estalló el caso Lava Juez en el 2018 y el ya infinito rifi rafe entre el Congreso y el gobierno de Martin Vizcarra. Pero deberían serlo. Los periodistas reciben ataques desde todos los frentes y salvo la solidaridad internacional que reciben los atacados, el tema no es atendido como un problema de fondo que puede afectar a nuestra frágil democracia.
Caso ‘La resistencia’
Fui testigo del último ataque del grupo ‘La resistencia’ ligado a Fuerza Popular contra la sede de IDL-Reporteros. Pude ver en el grupo formado por no menos de 20 personas el convencimiento de que el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, es el causante de sus males pasados, presentes y futuros. En menos de cinco minutos, los manifestantes desplegaron cuatro banderas con el logo de “Dios, patria, familia”, mientras se turnaban el megáfono repitiendo mensajes nada cristianos contra el equipo de periodistas y el Instituto de Defensa Legal (IDL) entero: “aquí se manipulan los audios. ¿Quién votó por Gustavo Gorriti? ¿Por qué actúa como el presidente? Vamos a dar guerra, guerra, guerra por defender al Perú”.
La portátil fujimorista portaba dos muñecos de papel con los rostros de Gorriti y de George Soros llenos de insultos, al tiempo que realizaban gestos obscenos hacia los trabajadores de la ONG que salieron por curiosidad a mirar por la ventana.
No era el primer ataque contra IDL-Reporteros. El mismo grupo acudió el 14 de junio pasado a lanzar insultos antisemitas contra Gorriti e intentó sin éxito quemar los muñecos de Gorriti y Soros. El organizador del grupo se hace llamar Jota Maelo, aunque su verdadero nombre es Juan José Muñico Gonzales. Además de estar ligados al partido Fuerza Popular son cercanos al grupo Con mis hijos no te metas y al pastor evangélico Pastor Linares.
En julio pasado, la autoproclamada ‘La resistencia’ participó en un acto público en Lima junto a la congresista y presidenta reelecta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra, quien le dijo al grupo a modo de arenga: “En Lima, hashtag que ponemos es tendencia. Hacemos tendencia. Movemos. Pero el enemigo es mucho más poderoso”. El evento se realizó en una iglesia evangélica y tuvo como título: Democracia, libertad de expresión y el papel de la prensa en el Perú. “Me encanta ser de ‘La resistencia’. Ustedes no son trolls y no han venido acá por un táper. Tenemos que romper la barrera que hay entre la calle y este aparatito”, añadió Bartra.
La portátil no sólo ha ido a insultar al equipo de IDL-Reporteros sino, también con la misma consigna, ha ido más de una vez a las sedes del diario La República y El Comercio en el centro de Lima. Lo inédito del caso es que la portátil obedece a pie juntillas lo que señaló Bartra en su discurso, y por ello ha ido de las redes sociales, donde trolean a todos los periodistas que no apoyan sus consignas, a las calles. “Nos reunimos para tratar el tema sobre el rol de la prensa. Se me pueden ocurrir muchísimas palabras que no las voy a decir porque como me graban… no voy a quedar tan bien. Así que le decimos sólo la prensa. ¿Qué rol tiene en estos tiempos de totalitarismos y de persecución en los que nos cuentan ‘historias’ y ‘crean’ verdades?”, concluyó.
Hasta el momento ni Bartra ni ningún miembro de ‘Fuerza Popular’ ha hecho el mínimo intento de separarse de las agresiones de ‘La resistencia’, sino al revés.
¿Cuán grave puede ser la pasividad de todos nosotros ante los abusos verbales y las portátiles partidarias contra los periodistas que les son incómodos a sus líderes? Mucho. Ojalá que tanta bravata no pase más allá de eso.
El clímax de la agresividad verbal contra IDL-Reporteros se dio días después de que el expresidente Alan García se suicidara. En aquel entonces, el exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzales Posada, dijo que la muerte de García “ha sido resultado de la campaña llevada a cabo por Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti. Ellos dispararon la bala”. Luego se sumaron las portátiles en redes y si bien no se puede resumir en un párrafo el real peligro que corrió la redacción de IDL-Reporteros en esos días, es una muestra tangible de lo difícil que es hacer periodismo bajo estas condiciones en el Perú.
Al respecto, Gorriti respondió a los ataques en una editorial titulada “Después de la tragedia”. Escribió que “IDL-Reporteros se defenderá y defenderá sus investigaciones con energía y resolución. Buscaremos el castigo de los criminales que instigan asesinatos. Identificaremos a quienes estén detrás de ellos y haremos lo posible para que no queden impunes […] Es verdad y hay que hacerlo si no queda otro camino. Pero mejor que ofrendarle la vida es llevarla a la victoria. Conducirla a una democracia vigorosa en una sociedad limpia de corrupción que pueda al fin, doscientos años después de nacida, acercar nuestra República a cumplir sus ideales”, concluyó Gorriti.
Caso Embargo a Ojo-Público.com
A inicios de año, el 15 Juzgado Penal de Lima admitió a trámite una querella interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez, ‘Eteco’, contra Óscar Castilla y Edmundo Cruz por publicar en el 2016 una serie de investigaciones sobre las pesquisas del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Drug Enforcement Administration (DEA) en su contra. Sin enviar una notificación sobre la denuncia, se decretó comparecencia contra Castilla y Cruz, al tiempo que decretó el embargo preventivo de los bienes de Ojo-Público.com, medio digital de investigación dirigido por Castilla. Desde los ochenta ‘Eteco’ es considerado como jefe de una organización vinculada al narcotráfico y lavado de activos, según las pesquisas de la policía antidrogas y la fiscalía.
Junto a Ojo-Público.com, ‘Eteco’ ha demandado a El Comercio, La República y a las revistas Caretas y Hildebrandt en sus trece por US$600 millones repartidos en diez demandas en Lima y en Huánuco. En Huánuco ha demandado a periodistas y autoridades locales por siquiera osar mencionarlo y hasta hoy ninguna instancia del Poder Judicial explica por qué todos los procesos iniciados por los abogados de ‘Eteco’ contra los periodistas siguen viento en popa, a pesar de que las investigaciones judiciales y policiales corroboran lo publicado por los hombres y mujeres de prensa.
Caso Sodalicio
A tres años de haber publicado el libro Mitad monjes, mitad soldados (Planeta, 2015), en octubre del 2018, Pedro Salinas y yo fuimos demandados por el Arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, por difamación agravada, que conllevaba una pena de tres años de cárcel y el pago de S/.200,000 de reparación civil. Eguren es miembro de la primera generación de la organización católica Sodalitium Christinae Vitae, fundada en 1971 por Luis Fernando Figari.
La doble demanda de Eguren abierta en Piura, ciudad ubicada al norte del país y donde goza de un amplio poder fáctico, era la respuesta tardía y antidemocrática del Sodalicio contra los periodistas que publicaron los abusos físicos, sexuales y psicológicos de la organización contra sus miembros. Luego de cinco años de costear con nuestros propios medios la pesquisa contra el Sodalicio, tuvimos que buscar dinero de donde no teníamos para afrontar las sendas demandas en Piura, ciudad en donde no vivíamos pero donde Eguren es uno de los personajes con mayor poder.
Tras un proceso relámpago, el 22 de abril pasado, la jueza Judith Cueva Calle condenó a Pedro Salinas por difamación agravada y al pago de S/.80,000 de reparación civil, hecho que fue condenado hasta por la junta directiva de la Conferencia Episcopal y el flamante Arzobispo de Lima, Carlos Castillo. El Arzobispo Eguren y su abogado defensor, Percy García Cavero, querían apelar y subir el pago de la reparación civil, y continuar la demanda en mi contra, cuyo caso se pudo mover de Piura a Lima.
Debido a pedidos expresos de diversas autoridades eclesiásticas, según pudimos reportear, el religioso Eguren anunció el desistimiento del caso contra Salinas, que ocurrió a las 48 horas después de la condena contra el periodista. En mi caso, el arzobispo Eguren tuvo que venir en julio a Lima a firmar el pedido ante el juzgado y se cerró el caso recién el pasado el 20 de agosto.
Antes de que se cierre el caso de Eguren, desde Piura llegó una segunda demanda aceptada por la fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, Heldy Angélica Huaylinos, y que fue presentada por Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretel por la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia, en la figura de falso testimonio en el juicio contra Salinas, en el que asistí como testigo. Como dijo mi abogado, Carlos Rivera, “la Fiscalía no puede imputarle [a Ugaz] un hecho, citarla a declarar, comprenderla en el marco de una investigación y no adjuntar la denuncia […] Hay una gravísima inconducta funcional de la Fiscalía; hay un abuso de la autoridad del Ministerio Público”. Añadió que “esto no tiene posibilidad de que prospere judicialmente, pero el hecho concreto es que de nuevo existe una suerte de espada de Damocles sobre Paola Ugaz. Vamos a denunciar a la fiscal por la gravedad de las violaciones al debido proceso que se está cometiendo”.
La fiscal Huaylinos me ha citado en dos ocasiones a Piura, pero hasta hoy no adjunta la demanda en que se basa su decisión. Por ello es que ni yo ni mi abogado, Carlos Rivera, hemos viajado a esa ciudad. Eso sí, el anuncio de la segunda demanda contra mí apareció entre bombos y platillos en el portal La abeja dirigido por Luciano Revoredo, asesor técnico de la bancada de Fuerza Popular, según reveló Utero.pe.
Debido a las irregularidades en el proceso en mi contra, y a que se está violando mi derecho constitucional a la defensa, hemos demandado ante sus superiores a la fiscal Huaylinos en Piura.
Esta segunda demanda contra mí, en Piura, ha venido acompañada de más de veinte cartas notariales de diversas organizaciones del Sodalicio y un acoso en redes sociales y en portales afines al Sodalicio donde me insultan y acusan sin motivo, con el fin de distraerme de la tarea principal que me ocupa en estos días: terminar el libro donde investigo los movimientos económicos del Sodalicio, pesquisa en la que ya llevo cuatro años.
Sin haber publicado nada, sufro este acoso judicial, junto al expolicía Pedro Zapata Monteza, y dieciséis miembros de la comunidad de Castilla, denunciados por las empresas del Sodalicio en Piura. Pero mi única respuesta seguirá siendo: más y mejor periodismo.
La buena noticia de este intento fallido de acoso y derribo del Sodalicio es que el caso se ha hecho muy conocido a nivel mundial. Por esa razón organizaciones como Amnistía Internacional, la Asociación Nacional de Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad, la Coordinadora de Derechos Humanos y el Consejo de la Prensa Peruana están en un seguimiento continuo del caso. También los gobiernos de la Unión Europea, como el del Reino Unido, que nos invitó a Salinas y a mí, al primer evento titulado Global Conference for Media Freedom.
En el evento realizado en julio cerca a los muelles de Londres en Printworks, la antigua impresora de los periódicos Metro y Evening Standard Newspapers que tiene capacidad para más de 5,000 personas, el entonces canciller británico, Jeremy Hunt, resaltó que la “libertad no es un valor occidental sino universal”. Es por ello que el Reino Unido junto a Canadá encabezan la creación de un fondo en el que participen todos los gobiernos a nivel mundial y que será administrado por la UNESCO con el fin de defender la libertad de expresión y proteger a los periodistas.
Si bien es una buena noticia, en el futuro será clave dejar la indiferencia de lado desde la sociedad civil hasta el gobierno porque una prensa robusta es la mejor garantía para preservar la democracia, sobretodo en un país como el Perú donde las instituciones son débiles y precarias. Tenemos tarea pendiente.