Sumario
El cierre del Congreso en septiembre del 2019 alteró el balance de fuerzas agresoras a la libertad de expresión en el Perú. Si bien el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial son históricamente las tres principales fuentes de agresión a la libertad de expresión de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas en el país, como se publicó en la edición de septiembre del 2019 de este informe, la correlación de fuerzas ha cambiado en el último semestre.
Con la disolución del Congreso 2016-2019 se desinfló la agresión legislativa a la libertad de expresión en el Perú. Iniciativas provenientes del Parlamento para aumentar la pena de cárcel por difamación y para amordazar a la prensa peruana se congelaron.
La impunidad judicial también perdió peso en el balance de fuerzas. Tres casos de asesinatos de periodistas, dos de ellos ocurridos hace más de treinta años, han sido reabiertos. Los juicios se llevarán a cabo este año.
En este trío de fuerzas agresoras, las querellas por difamación aumentaron su peso en el último semestre. Muestran, en ciertos casos específicos, un ensañamiento contra periodistas que investigan abusos sexuales y casos de corrupción.
A pesar de que dos de los tres frentes de agresión perdieron fuerza, no se puede concluir aún que la libertad de expresión en el Perú se haya fortalecido. El Congreso ha entrado en funciones recientemente, y aunque no existe esta vez una abrumadora mayoría parlamentaria, no es posible predecir la actitud de las bancadas frente a periodistas y medios de comunicación en el mediano o largo plazo. Por otro lado, que se reabran juicios por el asesinato de periodistas no indica que los culpables necesariamente vayan a ser sentenciados y se haga justicia. Y que aumenten las querellas por difamación contra periodistas y el ensañamiento en su contra por parte de poderosos y autoridades públicas supone una afrenta al libre ejercicio del periodismo.
Coronavirus y libertad de expresión
A nivel mundial y a nivel local la emergencia del coronavirus ha golpeado a los medios de comunicación y, por ende, al ejercicio del periodismo. En el extranjero hay medios que han despedido trabajadores masivamente o cerrado publicaciones impresas. En el Perú muchos medios de comunicación nacionales mantienen sus compromisos con la ciudadanía y sus trabajadores; algunos medios impresos locales, sin embargo, han comenzado a suspender sus publicaciones. De mantenerse la drástica reducción en publicidad por la emergencia del coronavirus, la libertad de expresión en el Perú podría verse afectada. Defender la libertad de expresión también pasa por paliar los efectos económicos del coronavirus en los medios de comunicación. Las medidas aplicadas por algunos gobiernos de Europa van en ese sentido.
Ataques legislativos
Sin el Congreso en funciones, los ataques legislativos a la libertad de expresión de los peruanos se redujeron dramáticamente en el último semestre. No hubo iniciativas ni proyectos de ley que puedan perjudicar a corto ni largo plazo la libertad de expresión de los peruanos ni el ejercicio del periodismo. Esto supone un importante cambio respecto del anterior semestre, cuando los ataques provenientes del Congreso eran constantes, incluyendo iniciativas para aumentar la pena de cárcel por difamación.
- En octubre del 2019 se dio inicio una campaña en favor de la despenalización de los delitos contra el honor, liderada por el Consejo de la Prensa Peruana y la Universidad del Pacífico. En la II Conferencia Anual sobre Libertades Informativas y Transparencia, realizada por esta universidad, se presentó, ante el primer ministro Vicente Zeballos, un anteproyecto de ley para que la difamación ya no sea penada con la cárcel. El anteproyecto continúa su curso de elaboración y socialización y será presentado este año 2020 tras favorables opiniones de diversas instituciones del Estado.
Acciones judiciales y agresiones contra periodistas
Las acciones judiciales contra periodistas en el último semestre denotan un ensañamiento particular contra algunos periodistas. Los más afectados son aquellos que investigan casos de abuso sexual y de corrupción. Aumentaron también los casos de agresiones físicas contra periodistas peruanos. Mejoró, sin embargo, la búsqueda de justicia en los casos de asesinatos de periodistas.
- Caso Hugo Coya: en noviembre el ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, despidió al periodista Hugo Coya de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, organismo bajo el que se circunscriben medios como TV Perú y Radio Nacional. Coya señaló que había sido víctima de presiones de parte de Petrozzi para regular el contenido informativo del canal del Estado.
- Caso Paola Ugaz: a cinco aumentaron las querellas por difamación contra la periodista Paola Ugaz, quien investiga desde hace años abusos sexuales y psicológicos en la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana. Las dos nuevas querellas fueron presentadas por Luciano Revoredo, director del portal web conservador La Abeja, y el empresario vinculado al Sodalicio, Alberto Gómez de la Torre. A mediados de enero un juez declaró que no procede la primera de ellas.
- Caso Ayala: en enero se conoció que 16 años después de reabrirse la investigación por la desaparición y asesinato del periodista de La República, Jaime Ayala, hace 36 años, la Sala Penal Nacional fijó fecha para el juicio oral, que iniciará el 8 de abril.
- Caso Bustíos: el juicio oral por el asesinato del periodista de Caretas, Hugo Bustíos, asesinado en 1988, se realizará el 23 de abril. Ello luego de que en abril del 2019 la Corte Suprema anulara el fallo que absolvía a Daniel Urresti de la presunta coautoría del asesinato. Urresti se convirtió, en enero del 2020, en el congresista más votado del Perú para el periodo 2020-2021. El congresista pidió que se le levante la inmunidad parlamentaria.
- Caso Flores: en febrero se anunció que se dará inicio al juicio oral por el asesinato del periodista Pedro Flores Silva, asesinado en Ancash en el 2011, por denunciar casos de corrupción.
- Caso Daysi Mina: a finales de enero la periodista Daysi Mina Huamán, de 21 años, desapareció. A la fecha se desconoce su paradero. Dos semanas antes de su desaparición se incorporó al medio de comunicación ayacuchano Cable Vraem.
- Caso Hildebrandt: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual falló a favor del semanario Hildebandt en sus trece, dirigido por el periodista César Hildebrandt, que demandó a la agencia de comunicación DP Comunicaciones por vulnerar los derechos de autor a través de la práctica de ‘clipping’. DP Comunicaciones reproduce sin autorización los PDF de Hildebrandt en sus trecea través de una base de datos para los clientes de la agencia por la cual éstos pagan, sin que otorguen regalías a los medios.
- Caso Gonzales/Espinoza: en enero, los periodistas Hugo Gonzales e Yldefonso Espinoza, de la región Áncash, pidieron garantías para sus vidas y las de sus familiares tras anunciar que eran víctimas de amenazas de muerte y amedrentamiento luego de difundir publicaciones en el portal noticierolibre.com.
- Caso Ticllavilca/Villa: los periodistas Javier Cóndor Ticllavilca (Cusco) y Willy Villa Navarro (Ayacucho) solicitaron en febrero garantías para proteger sus vidas y las de sus familiares. Dicen correr el peligro de ser atacados por agricultores cocaleros.
- Caso Yofré López: el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Víctor Raúl Reyes Alvarado, querelló al periodista Carlos Yofré López Sifuentes ante un juzgado de su propio distrito judicial. El juez de primera instancia admitió la querella, pero declaró inadmisible las pruebas presentadas por la defensa del querellado.
En otro caso, la jueza Superior Juana Mercedes Caballero García, también querelló al periodista en 2018 en la provincia de Huaura. Los jueces indican que el periodista realizó comentarios injuriosos y difamatorios en las redes sociales, sin embargo, Yofré López explicó que comentó temas de interés público, como el patrimonio millonario en una declaración jurada de la magistrada y la denuncia por acoso sexual que pesa contra el expresidente de la corte de Huaura. - Caso Ojo Público: el 28 de marzo un grupo de policías y agentes locales de Piura sacaron a la fuerza al periodista Ralph Zapata, de OjoPúblico, quien coordinaba en su vivienda la edición del medio. Zapata fue trasladado a la comisaría por presuntamente haber violado el toque de queda impuesto entre 8:00 p.m. y 5:00 a.m. para frenar la expansión del Covid-19. Fue libertado una hora más tarde.
- Caso Choquepata: sigue impune el caso del periodista David Choquepata, asesinado en el 2016 en su propia cabina de radio. La fiscalía ha archivado la investigación del crimen.
- Casos El Comercio: Empresa Editora El Comercio tiene abiertos once casos de querellas por difamación por un total de S/.109 millones (aprox. US$32 millones).
- Casos Epensa: Grupo Epensa tiene abiertos nueve casos de querellas por difamación por un total de S/.4 millones (aprox. US$1.2 millones).
Transparencia y acceso a la información pública
- Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: en enero del 2020 finalizó la selección de los tres vocales para la segunda sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la última instancia a nivel nacional. Esta segunda sala acelerará el ritmo de resolución de casos de acceso a información pública interpuestos por ciudadanos a quienes las instituciones del Estado niegan información pública.
- Caso Perú21: en enero el Jurado Nacional de Elecciones se negó a informar al diario Perú21sobre la identidad de más de 10.000 personas que avalaron una acción de inconstitucionalidad contra nueve leyes y cuatro decretos supremos que sancionan el delito de terrorismo.
- Caso Tribunal Constitucional: el Tribunal Constitucional comenzó a transmitir en vivo las sesiones en las que los siete magistrados discuten y votan casos constitucionales. Destacan el de la sentencia de la demanda competencial por la disolución del Congreso y el que avala las corridas de toros y peleas de gallos en el Perú. Aunque la medida fue saludada por la prensa, generó dudas sobre las deliberaciones de los magistrados, ahora sometidos al escrutinio público por una amplia mayoría que aprobó el cierre del Congreso. Las deliberaciones de los tribunales y otros cuerpos colegiados del Estado no son públicas, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que los miembros de un tribunal debatan genuina y libremente.