Ley no busca franja informativa, sino controlar a los medios de comunicación

El Congreso utiliza el tema de la violencia contra la mujer para afectar la libertad de prensa

El Congreso de la República aprobó por insistencia una modificación a la Ley 30364, medida que para el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) constituye una imposición a los medios de comunicación, al obligarlos a ceder el 10% de su espacio de contenidos.

La reciente modificación de la norma, que entre otros puntos regula el tratamiento informativo de los casos de la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, se ha convertido en el argumento para justificar el control de los medios pese a que muchos de ellos abordan dichos temas de manera permanente, guiándose por los principios de la ética y autorregulación.

Esta medida se suma a la propuesta que tuvo el actual gobierno, en marzo pasado, cuando sugirió que, durante los estados de emergencia, los medios de comunicación estuvieran obligados a transmitir, mediante una franja informativa, los supuestos logros del Poder Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad.

Ante esta nueva forma de control a los medios de comunicación, materializada esta vez en la Ley 30364, publicada el martes 27 de mayo en el diario oficial El Peruano, el Consejo de la Prensa Peruana se ratifica en el pronunciamiento que emitió el 31 de marzo pasado:

“…pretender obligar a los medios de comunicación a informar a la población en un espacio exclusivo sin posibilidad de edición –lo que se entiende como una “franja”– supone una exigencia informativa que interfiere con los principios de pluralidad de puntos de vista, de fiscalización y de independencia. La ciudadanía verá perjudicado su derecho a información contrastada e imparcial, y puede terminar siendo sujeto de desinformación gubernamental.”

Es fundamental que los responsables de esta decisión, que viola a todas luces la autonomía de los medios periodísticos,  deroguen la norma lo más pronto posible.

La violencia contra la mujer y el grupo familiar es una gran problemática social que debe ser combatida por todos los sectores, sobre todo por el Ejecutivo. Emplear dicho tema como instrumento para controlar los espacios de los medios de comunicación sólo evidencia una estrategia contraria a la libertad de expresión, de prensa y empresa.