El Consejo de la Prensa Peruana toma como una amenaza contra la prensa libre y el derecho ciudadano a recibir información plural la obligatoriedad de emitir una franja informativa sobre las acciones del gobierno contra la inseguridad ciudadana durante estados de emergencia.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que la imposición se daría mediante una modificación a la Ley de Radio y Televisión. Luego, el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, precisó que dicho espacio tendría una duración aproximada de 40 minutos. Sin embargo, al referirse a la franja, el premier Gustavo Adrianzén señaló que lo que se busca es “invitar a la prensa”.
Más allá de que el gobierno ha sido confuso sobre los alcances de la iniciativa, pretender obligar a los medios de comunicación a informar a la población en un espacio exclusivo sin posibilidad de edición –lo que se entiende como una “franja”– supone una exigencia informativa que interfiere con los principios de pluralidad de puntos de vista, de fiscalización y de independencia. La ciudadanía verá perjudicado su derecho a información contrastada e imparcial, y puede terminar siendo sujeto de desinformación gubernamental.
La propuesta del Ejecutivo ocurre en un contexto en el que varios de sus funcionarios, incluyendo la presidenta Boluarte, han acusado a la prensa de golpista. Para esta organización, la franja supone un intento de favorecer la imagen de un gobierno con baja aprobación en un asunto crítico para la población, como lo es la inseguridad.
Como puede constatar la ciudadanía, los medios ya ofrecen una amplia cobertura sobre la inseguridad y el trabajo de la Policía para contrarrestarla. Las acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana también se pueden difundir a través de medios del Estado, mecanismos de publicidad y a través de respuestas que la presidenta pueda ofrecer en entrevistas a la prensa.