El Consejo de la Prensa Peruana rechaza tajantemente las declaraciones que el día lunes dio el vocero de la presidenta de la República, Fredy Hinojosa. En una conferencia de prensa, informó que espera que “el Ministerio Público pueda actuar contra quienes pretenden alterar la verdad de los hechos”, en relación a la cobertura de la prensa de una actividad de la presidenta Dina Boluarte en Piura en la que se atacó con al menos una piedra a un auto del Estado que acompañaba su caravana.
Más allá de que no se puede alterar una realidad que consta en imágenes y sonidos con un discurso oficial, que el mismo vocero de la presidenta señale que la fiscalía debe investigar la cobertura de la prensa supone, en primer lugar, que desde el despacho presidencial se busca penalizar la difusión de hechos y, en segundo, que el Ministerio Público puede ser un fiscalizador de los contenidos que publica la prensa.
Hinojosa también señaló que cubrir la agresión a la presidenta constituyó un “hecho ilícito, una suerte de instigación a la violencia, instigación al atentado de las autoridades”. Transmitir un hecho no es instigar a la violencia. De ser así, el periodismo no podría cubrir una guerra. Una agresión a un presidente es un hecho de interés público y, por tanto, noticioso.
Por otro lado, en el Perú se viene dando una tendencia que, con las declaraciones de Hinojosa, toma mayor relevancia: la figura del Ministerio Público como fiscalizador de la prensa. Como se recordará, esta institución ha iniciado investigaciones contra un canal de televisión por las opiniones vertidas en un programa y realizado allanamientos a casas de periodistas. Sin embargo, las necesarias pesquisas respecto de ataques a periodistas –por parte de ciudadanos y fuerzas del orden– o no se han iniciado o duermen el sueño de los justos.