El Consejo de la Prensa muestra su preocupación por la denuncia que anoche hiciera en un programa televisivo la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros luego de renunciar a su cargo. De acuerdo a ella, el primer ministro, Aníbal Torres, pretendería dirigir la publicidad estatal con fines políticos. El premier habría buscado impedir que el Estado contrate publicidad en un grupo mediático local, a pesar de su amplio alcance, contraviniendo así la legislación sobre su uso.
Para esta organización, tal direccionamiento representa un delito y un atentado contra el derecho de los ciudadanos a informarse de las actividades de su Estado.
Durante años, el Consejo de la Prensa Peruana se ha mostrado a favor de la regulación de la publicidad del Estado, siempre y cuando se establezca claramente que el beneficiario de ésta es el ciudadano –y nadie más– y que la contratación de los medios de comunicación no debe ser ‘a dedo’, sino siguiendo estrictos criterios técnicos de alcance, interculturalidad, rating y/o lectoría, tal y como lo estipula la ley actual. Sin embargo, los últimos intentos legislativos no consideran tales condiciones mínimas.
En septiembre del año pasado, esta organización invitó al presidente Pedro Castillo a firmar la Declaración de Chapultepec, la principal acta sobre libertad de expresión de Latinoamérica, en cuyo séptimo punto señala: “la concesión o supresión de publicidad estatal [no debe] aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”. A la fecha, no ha firmado este importante documento.
La sociedad civil peruana merece que el primer ministro Aníbal Torres explique las acusaciones vertidas anoche.