El Consejo de la Prensa Peruana pide al Ministerio Público dar marcha atrás en la investigación que le abrió a los periodistas Rosana Cueva, directora periodística de América Televisión y Canal N, Eduardo Quispe y Beto Ortiz, por supuesto tráfico ilegal de datos personales y organización criminal.
Esta investigación se abrió luego de que Zamir Villaverde, un delincuente condenado por robo agravado, presentara una denuncia contra los periodistas que lo investigaron, en una evidente estrategia de represalia y amedrentamiento, la que debería motivar por lo menos sospechas en la Fiscalía. Según la denuncia de Villaverde, Cueva, Quispe y Ortiz habrían pagado a una colaboradora eficaz para acceder a información sobre un caso que se le sigue a Villaverde por, supuestamente, ser un operador del expresidente Pedro Castillo en lo que sería una organización que entregaba obras a cambio de coimas.
Ya en noviembre pasado Villaverde había exigido a varios periodistas el retiro de contenido relacionado a él de los archivos de sus medios de comunicación –algo inadmisible periodísticamente– a través de diversas formas de amedrentamiento, incluyendo el envío de cartas intimidatorias con sus registros de propiedades y récord crediticio.
Lo más grave del asunto es que esta investigación podría terminar en exageradas consecuencias que afecten el derecho a la reserva de la fuente periodística, como el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas, lo que permitiría al Estado acceder a fuentes de información anónimas, una garantía que los reporteros conceden a sus fuentes a cambio de información de interés público.
Por este motivo, el Consejo de la Prensa Peruana solicita al Ministerio Público que archive la investigación contra los periodistas.