La reciente decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima de declarar extinta la acción penal contra el periodista Daniel Yovera por el presunto delito contra el honor de Carlos Alberto Abelardo Gómez de la Torre supone una mordaza.
Gómez de la Torre demandó a Yovera por daños al honor por un reportaje realizado en el 2016 para la cadena Al Jazeera sobre el grupo Sodalicio de Vida Cristiana. Dos años después, Yovera posteó, a manera de respuesta a usuarios de Twitter, enlaces al reportaje motivo de la querella. Aunque para el 2023 el caso ya había prescrito, la Corte Suprema lo reabrió aludiendo que Yovera habría incurrido en “delito continuado” por tuitear el enlace del reportaje en el 2018.
La declaración de extinción por parte de la Corte Superior de Justicia de Lima, hace unos días, abre la puerta a que Yovera –o cualquier otro ciudadano– pueda continuar siendo procesado por “delito continuado” de difamación, a pesar de la prescripción de un caso.
Para el Consejo de la Prensa Peruana, la Corte Superior de Justicia de Lima, al no declarar si Yovera fue responsable o no, sienta un oscuro precedente sobre la libertad de prensa: las denuncias por difamación pueden ser denuncias de nunca acabar de aplicarse la figura de “delito continuado”. Las querellas pueden convertirse, así, en una permanente espada de Damocles.