Informe 2021-I de libertad de expresión en el Perú para la Sociedad Interamericana de Prensa

La libertad de expresión en el Perú sufrió en el último semestre las peores agresiones de los últimos veinte años

Informe 2021-I de libertad de expresión en el Perú para la Sociedad Interamericana de Prensa

Sumario

Durante el inicio del semestre que comprende los meses entre octubre 2020 y marzo 2021 se vivieron las peores represiones a la libertad de expresión en el Perú desde el gobierno de Alberto Fujimori. Durante las protestas ciudadanas por la vacancia al expresidente Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino en noviembre del 2020, más de 40 periodistas que trabajaron en la cobertura de las manifestaciones fueron atacados por la Policía Nacional. Por dos décadas los periodistas peruanos no habían sufrido la agresión física directa por parte de las fuerzas del orden.

Este informe usualmente analiza las tres principales fuerzas agresoras a la libertad de expresión: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la falta de transparencia de instituciones públicas. Tras los ataques a periodistas y medios de comunicación durante las protestas, se deben agregar dos frentes: el Poder Ejecutivo y la Policía Nacional. Asimismo, se va perfilando también un nuevo frente, aunque por el momento menos organizado que los anteriores: la propia ciudadanía a través de las redes sociales, que ataca y busca cancelar a periodistas que no comparten su visión. En casos en los cuales los usuarios de redes sociales se organizan y llevan su manifestación del ciberespacio al espacio físico, las limitantes a la libertad de expresión toman una dimensión más compleja. De acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Periodistas, de los 223 ataques a periodistas y medios de comunicación en el último año, los principales fueron llevados a cabo por agentes de seguridad (79), civiles (57) y funcionarios públicos (53). Todo ello en un año en el cual han fallecido 135 periodistas por coronavirus, 131 de ellos hombres.

Asimismo, el discurso relacionado a periodistas y medios de comunicación se viene radicalizado durante las elecciones presidenciales. Los principales agresores durante la primera vuelta fueron los propios candidatos, nuevos medios de comunicación y miles de cuentas en redes sociales. De hecho, el plan de gobierno de Perú Libre, el partido con el que el candidato Pedro Castillo alcanzó el primer lugar en la primera vuelta electoral, dedica cinco páginas a propuestas que implicarían un cambio absoluto en las reglas del juego de la libertad de expresión y los medios de comunicación privados, desde publicidad estatal y colegiatura obligatoria de periodistas hasta que algunos ministerios aprueben el contenido de canales de televisión y radioemisoras. El plan hace constantes alusiones a las acciones de Rafael Correa, los Kirchner, Fidel Castro y Lenin frente a los medios de comunicación de sus países. También sostiene que la SIP representa los intereses de grupos económicos empresariales y financieros de América, por lo que el país debe “independizarse” de esta organización.

Por otro lado, la libertad de expresión continuó viéndose afectada por nuevas propuestas legislativas del Congreso de la República, que ha insistido en limitar la publicidad estatal en medios privados y regular el contenido de algunos espacios televisivos y radiales, aunque a la fecha sin una ley promulgada.

Una de las pocas situaciones positivas en cuanto a la libertad de expresión en el Perú fue el inicio del juicio oral al exmilitar y excandidato a la presidencia Daniel Urresti, acusado de asesinar al periodista Hugo Bustíos en 1988.

En síntesis, que la libertad de expresión en el Perú hoy sea atacada por seis y no los usuales tres frentes implica que ésta ha sufrido su mayor golpe en los últimos años.

Ataques legislativos

En el último semestre se recibieron desde el Congreso menos intentos visibles de limitar la contratación de publicidad estatal en medios privados. A diferencia de anteriores ocasiones –en las que incluso se llegó a la prohibición absoluta–, en semestres pasados el intento ha sido limitar su colocación en medios de alcance nacional, que en el Perú usualmente son los medios más tradicionales. A la fecha, sin embargo, los proyectos de ley no han llegado a ser aprobados por el Congreso. Volvió a discutirse la colegiatura de periodistas para ejercer el periodismo, aunque esta iniciativa aún no ha sido aprobada por el Congreso.

  • Radio y televisión: en octubre del 2020 se presentó un predictamen, aprobado también en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, para modificar la ley de radio y televisión. Se busca prohibir en horario familiar la transmisión de programas cuyo contenido sea violento, obsceno “o de otra índole”. Asimismo, “regular la objetividad informativa” en relación a la dignidad de las personas, aunque no se especifica cómo.
  • Colegiatura: en diciembre del 2020 un nuevo proyecto de ley, presentado por el congresista de Acción Popular Leonardo Inga Sales, propuso la colegiatura de periodistas como “requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de los licenciados en las carreras profesionales de periodismo y ciencias de la comunicación”.
    • En marzo del 2021 las bancadas de Alianza para el Progreso, Frepap y Podemos presentaron diversos proyectos de ley para la creación de diferentes colegios profesionales de comunicación en los cuales todo comunicador y periodista deberá registrarse, de manera obligatoria, para ejercer su profesión.

Acciones judiciales y agresiones contra periodistas

En el último semestre las principales agresiones contra periodistas provinieron del Poder Ejecutivo y la Policía Nacional, especialmente durante el mes de noviembre del 2020, cuando se realizaron masivas y en su mayoría pacíficas protestas contra la vacancia de Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino, que duró en el gobierno menos de una semana. Continuaron, sin embargo, las querellas por difamación.

  • Caso ‘Peluchín’: el conductor de programas televisivos de farándula Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, fue prohibido en octubre pasado por la jueza María Cecilia Guevara Acuña de referirse públicamente a Susana Umbert, gerente de entretenimiento del canal Latina. González solía criticar y calificar a Umbert, quien luego lo demandó por “violencia contra la mujer”.
  • Caso Pillco: El youtuber especializado en contenido cultural, social y coyuntural Hugo Javier Pillco fue condenado en octubre pasado a un año de prisión suspendida y a pagarle a Raúl Diez-Canseco, exvicepresidente del Perú y propietario de una universidad, S/.10,000 (unos US$2,700) por difamación luego de que el presentador publicara un video sobre la corrupción en el Perú, en el que mencionó cómo la aerolínea Latam habría logrado su posición actual en el mercado. Pillco señaló que cuando Diez-Canseco era vicepresidente de Alejandro Toledo ambos habrían recibido dinero de Latam para despejarle de competidores el campo de la aviación civil en el Perú. Pillco previamente había realizado una reconsideración y una rectificación y retirado el video en cuestión, por lo que Latam retiró la denuncia que también había impuesto.
  • Caso Cadena Sur: a finales de octubre un contingente policial y funcionarios del Ministerio Público allanaron los medios de comunicación de Ica Cadena Sur, Radio Sistemas y Radio La Mega y se llevaron computadoras, laptops y celulares e intervinieron sus transmisores, dejándolos fuera del aire. Esto luego de que la esposa del gobernador de Ica, Mónica Guillén, denunciara que estos medios de comunicación tenían una línea crítica contra ella y el gobierno regional.
  • Caso Hildebrandt: el semanario Hildebrandt en sus trece fue acusado en noviembre del 2020 de no respetar la privacidad y los datos personales del paciente cero de coronavirus en el Perú, por lo que el Ministerio de Justicia le podría imponer una multa de más de S/.200,000. El semanario señaló que la fuente nunca exigió el anonimato para declarar y explicó que publicar el nombre del paciente –que ya había declarado a otros medios– era materia de interés público ante el inicio de la pandemia. La publicación señaló que la multa los haría quebrar.
  • Caso vacancia: en noviembre del año pasado, durante las protestas por la vacancia al expresidente Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino, más de 40 periodistas y medios de comunicación fueron atacados por la Policía Nacional. Varios periodistas sufrieron heridas de canicas de vidrio o plomo y de otra índole que luego requirieron cirugías. Varios de ellos comentaron haber sido atacados adrede y otros por la espalda. Fotógrafos reportaron que fueron prohibidos de registrar los eventos. Entre los medios de comunicación atacados figuran El Comercio, La República, RPP, Canal N, Wayka, ABC España, Exitosa, Huku Comunicaciones, Latina, TV Mar, ATV, AFP, América TV, Reuters, Ojo Público, entre otros. En estas protestas, además, fueron asesinados por las fuerzas del orden dos jóvenes manifestantes.
  • Caso Beto Ortiz: durante los días de las manifestaciones tras la vacancia, grupos de ciudadanos fueron a protestar frente a la casa del periodista Beto Ortiz, tras sus declaraciones críticas a las marchas, y evitaron que pudiera salir al canal Willax para realizar su programa, donde también había manifestantes que impedían el ingreso de otros trabajadores. El periodista tuvo que realizar su programa desde su casa.
  • Caso Urresti: a comienzos del 2021 se dio inicio al juicio contra el general Daniel Urresti, mientras era candidato presidencial, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Durante el juicio, Jesús Gálvez, uno de los testigos, denunció haber recibido presiones para no rendir su testimonio contra el exmilitar. Gálvez contó a un programa de televisión que le habían ofrecido US$5,000 para no declarar. Tras la emisión del reportaje con sus declaraciones, denunció que una persona ingresó a su vivienda y rebuscó en ella como forma de amedrentamiento. Asimismo, contó que entre dos y tres testigos habían acordado testificar a favor de Urresti a cambio de un pago. La abogada de Urresti renunció a su defensa. La nueva defensa, luego, intentó negar que Bustíos hubiera sido periodista.
  • Caso Paredes: el periodista Carlos Paredes, autor del libro El perfil del lagarto, una investigación sobre el expresidente Martín Vizcarra, recibió diversas amenazas tras la publicación del libro. Además, el PDF virtual de su libro fue filtrado por redes sociales.
  • Caso Correo: en marzo del 2021 se conoció que el Poder Judicial ha determinado que el director periodístico del diario Correo, Iván Slocovich, sea condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de S/.7,000 (unos US$1,800) por reparación civil por utilizar una noticia del año 2001 como una fuente para un artículo que publicó en el 2016 en el que mencionaba a Álvaro Castro Osores como “implicado en un proceso judicial para encubrir a Vladimiro Montesinos”. El PJ ha señalado que Slocovich no comprobó la fiabilidad o viabilidad de la fuente pues Castro no estuvo involucrado en un “proceso penal” sino en una “denuncia penal”. Slocovich ha señalado que no hubo un intento de lesionar el honor de Castro, como recientemente concluyó la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. La querella está pendiente de ser resuelta en última instancia.
  • Caso Tafur: el periodista Carlos Alberto Tafur, del programa Señal Informativa Digital de Radio Stereo G 96.5 de la región Amazonas, informó en marzo del 2021 que recibió amenazas de muerte tras revelar irregularidades en tres municipalidades distritales de su región. Tafur ha denunciado un presunto perjuicio económico por falta de ejecución de obras en Amazonas.

Transparencia y acceso a la información pública

  • Durante el breve periodo presidencial de Manuel Merino, su gobierno intentó censurar la cobertura de las protestas en su contra en Canal 7, un canal del Estado. En respuesta, el consejo directivo de la institución y su gerente de prensa, Renzo Mazzei, renunciaron a sus cargos.
  • Tras la asunción de Francisco Sagasti a la presidencia, luego de la renuncia de Manuel Merino, se retomaron las conferencias de prensa presenciales para periodistas y medios de comunicación. Éstas habían sido suspendidas durante el gobierno de Martín Vizcarra; los periodistas no podían asistir a ellas ni física ni virtualmente.