El Consejo de la Prensa Peruana se opone frontalmente al nuevo dictamen que elevaría la pena de cárcel por difamación aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso. Se trata de la segunda iniciativa presentada esta semana –además de la que busca la colegiatura obligatoria de periodistas– que restringiría el trabajo periodístico y la libertad de información de la ciudadanía. Ambas iniciativas constituyen señales de la tendencia autoritaria y antidemocrática del Congreso. Esta organización demanda el archivo inmediato de los dos proyectos.
La norma actual –anacrónica, a juzgar por la tendencia regional a despenalizar los delitos contra el honor– establece entre uno y tres años de cárcel para el querellado. El nuevo dictamen elevaría la pena hasta cuatro años, lo que implicaría prisión efectiva.
Si el periodismo está reñido con el daño a reputaciones y honras, limitar la fiscalización y el rendimiento de cuentas de las autoridades no es la solución. Leyes como estas sirven para que aquellos investigados, usualmente por corrupción, instrumentalicen la justicia y restrinjan el derecho de la ciudadanía a informarse de acontecimientos de interés público.
El Consejo de la Prensa Peruana eleva su voz de protesta y alerta que el voto conjunto de bancadas de derecha e izquierda –Renovación Popular, Acción Popular, APP, Bloque Magisterial y Perú Libre– puede llevar a la aprobación de dos propuestas que servirían a la impunidad.